Caso $Libra: Karina Milei quedó más cerca de ser llevada por la fuerza pública a declarar en Diputados

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quedó a un paso de que la justicia autorice el uso de la fuerza pública para que declare ante la comisión investigadora de Diputados por el escándalo de la criptomoneda $Libra, caso en el que aparece involucrado Javier Milei por haber promocionado la memecoin a través de las redes sociales. Mientras tanto, la oposición espera que este lunes la justicia le habilite el acceso a la investigación judicial.

La hermana del Presidente sufrió un duro revés este jueves cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar a una apelación presentada por la comisión parlamentaria exigiendo la intervención de la justicia para que la funcionaria comparezca ante el Congreso. En rigor, el magistrado había quedado atrapado porque si rechazaba la apelación, los legisladores iban a ir con un recurso de queja a la Corte Suprema.

Vale recordar que en primera instancia, Martínez de Giorgi había rechazado por “improcedente” el pedido de intervención de la fuerza pública para efectivizar el comparecimiento no sólo de Karina Milei sino también de los titulares de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc; y de la Unidad de Investigación que creó el Poder Ejecutivo por el tema, María Florencia Zicavo: A la lista y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.

Pero tras la decisión del juez de hacer lugar a la apelación de los diputados, la decisión final quedó en manos de la Cámara de Apelaciones que deberá responder al pedido del titular de la comisión, Maximiliano Ferraro, quien en la presentación advirtió que la decisión judicial de negarse a llevar a Karina Milei con la fuerza pública “lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso”, y mencionó el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que otorga a las cámaras la facultad de requerir información y citar funcionarios en ejercicio del contralor político.

Frente a este escenario, la Cámara resolvió convocar a una audiencia para el próximo 28 de octubre, pero desde la comisión hicieron una nueva presentación ante la Sala 1 para que se adelante la citación debido a que tiene plazo hasta el 10 de noviembre para la presentación de su informe ante el cuerpo.

Por eso, los diputados esperan la respuesta del tribunal para avanzar la próxima semana con las reuniones de la comisión. Aunque en forma paralela, confían que este lunes se les habilite el acceso al expediente judicial que se tramita en el juzgado de Martínez de Giorgi.

Parte de la atención está puesta en conocer los detalles del informe de la UTI, ya que cuando la comisión parlamentaria pidió los documentos al Gobierno, Mariano Cúneo Libarona envió una respuesta un tanto confusa. En un primer párrafo le dijo a los diputados que la investigación que realizó Zicavo y que concluyó que Milei no tenía responsabilidad estaba en manos del fiscal de la causa Eduardo Taiano.

Pero en un segundo párrafo, el ministro de Justicia señaló, en base a una información publicada por el portal La Política Online, el fiscal le denegó a la comisión el acceso a la causa y en consecuencia consideró “improcedente” el pedido de los legisladores. “Indudablemente resulta antijurídico que se me obligue a soslayar el criterio del representante del Ministerio Público Fiscal. No se actúa así en un Estado de Derecho en el que impera la ley”, fundamentó Cúneo Libarona, quien también se negó a concurrir al Congreso para dar respuesta sobre el escándalo cripto.

Taiano contó con el respaldo del procurador Eduardo Casal para cerrarle la puerta a los diputados, por lo que resulta impredecible saber qué resolverá Martínez de Giorgi en los próximos días, si habilita o no el acceso al expediente.

En la reunión de la comisión se fijaron los principales puntos que son de interés de los legisladores que van de una copia certificada de las actuaciones completas y sin testar de la disuelta Unidad de Tareas de Investigación (UTI) y de la Oficina Anticorrupción (OA), que fueron remitidas al juzgado.

Puntualmente lo que buscan determinar es si el Gobierno realizó una investigación genuina o hubo una maniobra de encubrimiento para proteger al Presidente. Por lo bajo, los diputados coinciden en que ese informe nunca se hizo.

Además pidieron los informes periciales de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) para determinar la ruta del dinero e identificar las operaciones de las 74 billeteras virtuales que, según determinó la comisión, operaron con información privilegiada segundos antes del tuit presidencial.

La lista de la comisión investigadora también incluye los informes remitidos al juzgado por el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia. En este punto lo que se trata de determinar son los antecedentes de los imputados y los proyectos previos, además, la situación patrimonial de cada uno.

La mirada también está puesta en determinar las veces que Mauricio Novelli, Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy, el ciudadano denominado “Julián Peh”, Sergio Morales y Ariel Parkinson, estuvieron en la Casa Rosada o en la Residencia de Olivos.

Para los miembros de la comisión, esta prueba es vital para reconstruir la cronología de los encuentros, su contenido, y contrastarla con las declaraciones públicas de los funcionarios.